\u00bb Descargar Sentencia<\/a><\/p>\n Asuapedefin<\/strong> recurri\u00f3 el art. 24 de EHA\/2899\/2011 de la Orden transparencia y protecci\u00f3n del cliente de servicios bancarios por considerar que suplantaba las obligaciones de informaci\u00f3n recogidas en Mifid, concretamente en el art\u00edculo 79 de LMV. El planteamiento era claro, el art. 24 supon\u00eda la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen jur\u00eddico propio y de menor protecci\u00f3n el establecido en la LMV para la protecci\u00f3n de los clientes cuando contratan instrumentos financieros complejos, en concreto, derivados como las permutas financieras de tipos de inter\u00e9s.<\/p>\n La Abogac\u00eda del Estado<\/strong>, al igual que en su d\u00eda hicieran el Banco de Espa\u00f1a y la CNMV con su Nota Conjunta<\/a>, pretend\u00eda que con el art. 24 de dicha Orden se sustitu\u00edan los deberes de informaci\u00f3n de la LMV. A saber:<\/p>\n Para el Abogado del Estado lo que contempla el art\u00edculo 24 de la orden recurrida es el caso de un producto de inversi\u00f3n que ha sido ofrecido como parte o vinculado a un pr\u00e9stamo concedido por la propia entidad y considera que en este caso el art\u00edculo 79 qu\u00e1ter de la ley del mercado de valores excepciona las obligaciones de informaci\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 79 bis del mismo texto legal.<\/p><\/blockquote>\n Vemos pues como, una vez m\u00e1s, los Reguladores y la Abogac\u00eda del Estado defendiendo los intereses de la banca frente a los ciudadanos.<\/p>\n Sin embargo, la sentencia es clara a este respecto:<\/p>\n La referida alegaci\u00f3n no puede sostenerse<\/span><\/strong>, porque no es suficiente una norma nacional interna para excepcionar la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen general de informaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 79 bis) de la Ley del Mercado de Valores<\/strong><\/span>, sino que es necesario \u0093legislaci\u00f3n de la uni\u00f3n europea y normas europeas comunes\u0094 que prevean, establezcan y regulen dicha excepci\u00f3n, tal y como se desprende de los preceptos m\u00e1s arriba citados y de la referida sentencia Tribunal de Justicia, seg\u00fan la cual \u0093el art\u00edculo 19, apartado 9, de la Directiva 2004\/39\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004… debe interpretarse en el sentido de que… lo dispuesto en la legislaci\u00f3n de la Uni\u00f3n y en las normas europeas comunes a las que se refiere dicho precepto debe permitir una valoraci\u00f3n del riesgo de los clientes o establecer requisitos de informaci\u00f3n que incluyan asimismo el servicio de inversi\u00f3n que forma parte intr\u00ednseca del producto financiero de que se trate, para que este servicio deje de estar sujeto a las obligaciones enunciadas en dicho art\u00edculo 19\u0094.<\/p><\/blockquote>\n <\/p>\n Finalmente, el FJ6 zanja la cuesti\u00f3n con respecto a la aplicaci\u00f3n de MIFID a los derivados financieros que se comercializan junto a un pr\u00e9stamo hipotecario o cualquier otra financiaci\u00f3n:<\/p>\n Por todo lo expuesto, …. dicho art\u00edculo 24 regula se interprete de modo que no excluya el deber general de cumplimiento de las obligaciones de informaci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 79 bis) de la Ley del Mercado de Valores<\/span><\/strong> en los supuestos en que un producto de inversi\u00f3n sea ofrecido como parte o vinculado a un pr\u00e9stamo concedido por la propia entidad, no pudiendo entenderse, por tanto, que el referido art\u00edculo 24 ampare la excepci\u00f3n recogida en el art\u00edculo 79 qu\u00e1ter) de la propia Ley del Mercado de Valores.<\/p><\/blockquote>\n <\/p>\n El tribunal afirma que no se tiene “constancia de la existencia en la actualidad de esa legislaci\u00f3n comunitaria o de est\u00e1ndares europeos comunes que sean de aplicaci\u00f3n a la valoraci\u00f3n de riesgos y a los requisitos de informaci\u00f3n al cliente cuando el derivado financiero se concierta como \u0093parte de un producto\u0094 de cr\u00e9dito bancario<\/em>“, entedemos que ello se debe a que la votaci\u00f3n y fallo tuvo lugar el 28 de mayo de 2013, por lo que no era conocida la sentencia de 30 de mayo del TJSE<\/a>.<\/p>\n En cualquier caso, la sentencia no deja lugar a dudas sobre la aplicaci\u00f3n de MIFID\/LMV a este tipo de productos financieros con independencia de su vinculaci\u00f3n a un pr\u00e9stamo hipotecario<\/span><\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la raz\u00f3n a ASUAPEDEFIN dictaminando que las entidades bancarias que contraten swaps como parte o vinculados a un pr\u00e9stamo, habr\u00e1n de sujetarse al deber de informaci\u00f3n exigido tanto en la Ley del Mercado de Valores como en el art. 24 de EHA\/2899\/2011 de transparencia 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Los bancos deben informar con arreglo a la LMV cuando comercialicen swaps a sus clientes minoristas<\/h6>\n