El caso resulta novedoso por el perfil del cliente afectado: se trata de un grupo de minoristas que constituyeron una comunidad de bienes para construir sus propias viviendas. Pidieron conjuntamente un pr\u00e9stamo hipotecario para la obra, y desde el Santander aprovecharon para colarles un swap en el contrato. Como es habitual, iba disfrazado de herramienta de protecci\u00f3n ante la subida de los tipos de inter\u00e9s. O sea, como un seguro. El representante de la comunidad acept\u00f3 la contrataci\u00f3n del swap sin llegar a entender la verdadera naturaleza del producto, confundido por las enga\u00f1osas explicaciones dadas\u00a0desde la entidad.<\/p>\n
El swap ten\u00eda contratada una duraci\u00f3n de siete a\u00f1os, desde el 2007 hasta el presente 2014, y sus\u00a0efectos econ\u00f3micos han resultado claramente\u00a0perjudiciales\u00a0para los miembros de la comunidad. Tal y como sin duda pudieron prever desde la entidad financiera, las bajadas continuas de los tipos de inter\u00e9s en los \u00faltimos a\u00f1os no han generado m\u00e1s que devengos negativos para los clientes. El supuesto seguro contratado result\u00f3 ser una fuente de ingresos continuos para el banco, y un aut\u00e9ntico agujero negro para el dinero de los inversores.<\/p>\n
El proceso comenz\u00f3 con mal pie para ellos, ya que su demanda en primera instancia cay\u00f3 en saco roto. Los magistrados del Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 6 de Cerdanyola del Vall\u00e8s consideraron clientes profesionales a\u00a0los miembros de la comunidad de bienes, cuando en\u00a0realidad eran particulares agrupados para la autofinanciaci\u00f3n de viviendas. Por tanto, les otorgaron la consideraci\u00f3n de una aut\u00e9ntica promotora inmobiliaria con fines especulativos, y consideraron que no quedaban amparados por Ley del Mercado de Valores en cuanto a la protecci\u00f3n especial en el sector financiero.<\/p>\n
La sentencia fue recurrida por los afectados, y las tornas han cambiado\u00a0en la Audiencia Provincial de Barcelona. Los magistrados no comparten la calificaci\u00f3n de perfil profesional de los miembros de la comunidad de bienes, y as\u00ed lo han sentenciado. Considera\u00a0relevante la sentencia que la iniciativa de la contrataci\u00f3n partiera del banco, la falta de informaci\u00f3n documental previa, o lo confuso y enrevesado de la redacci\u00f3n del contrato (en el que no quedaban claros algunos aspectos esenciales, como la comisi\u00f3n por cancelaci\u00f3n anticipada o la relevancia de su alto nocional).<\/p>\n
Tambi\u00e9n existe controversia sobre la realizaci\u00f3n del test MiFID, que arroj\u00f3 un resultado de “no apto” para el representante de la comunidad. A pesar de ello se sigui\u00f3 adelante con la contrataci\u00f3n,\u00a0sin informar de dicho resultado. En los papeles, los empleados del banco manifestaron que a pesar de lo negativo del test, los clientes decid\u00edan contratar de todas formas y bajo su propia responsabilidad. Cosa que, evidentemente, no ha podido probar. Finalmente, hace menci\u00f3n la sentencia al hecho de que, aunque no se pueda probar,\u00a0el banco ya ten\u00eda que manejar en el momento de la contrataci\u00f3n previsiones sobre la m\u00e1s que probable bajada continua de los tipos de inter\u00e9s para los a\u00f1os venideros, y que no se inform\u00f3 de ello a los contratantes.<\/p>\n
Por todo ello, argumenta la sentencia, se puede entender probado el vicio en el consentimiento en la contrataci\u00f3n de esta permuta financiera (o swap). Fruto de ello, se revoca \u00edntegramente la sentencia de primera instancia y se\u00a0admite la demanda inicial de los afectados. El contrato queda anulado en cuanto al swap se refiere, y las partes quedan obligadas a devolverse las cantidades intercambiadas. Es decir, que desde el Santander deber\u00e1n devolver todo el dinero cobrado indebidamente por la aplicaci\u00f3n del swap. Adem\u00e1s, se condena en costas al banco.<\/p>\n