La compra de bonos fue suscrita por el demandante el pasado 3 y 6 de octubre de 2009 y el canje, el 29 de mayo de 2012. Se pide la nulidad de dichos contratos por por vicio en el consentimiento en la contrataci\u00f3n, donde el Banco Popular habr\u00eda incurrido en el incumplimiento de su obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n
El Tribunal Supremo en su sentencia del 17 de junio de 2016 califica estos bonos necesariamente convertibles en acciones como un producto complejo en atenci\u00f3n a sus caracter\u00edsticas especiales de la forma de canje, ecuaci\u00f3n de conversi\u00f3n y obligaci\u00f3n de canje anticipada para el adquirente.<\/p>\n
En cuanto al perfil del afectado, el hecho de que \u00e9ste sea consejero director de una entidad bancaria no implica ser experto en mercados financieros, y tampoco se le considera experto por el mero hecho de haber trabajado en una entidad bancaria.<\/p>\n
El afectado hab\u00eda contratado diversos productos de inversi\u00f3n, pero no consta ninguno con la naturaleza, complejidad y riesgos similares a los bonos subordinados.<\/p><\/blockquote>\n
Hay que considerar que la entidad bancaria no ha puesto prueba que desvirt\u00fae la afirmaci\u00f3n de la parte demandante sobre que el producto se ofreci\u00f3 por un empleado, quien lo ofrec\u00eda como seguro y carente de riesgos. Resulta significativo que, de los 3 empleados citados, ninguno intervino en la comercializaci\u00f3n del producto.<\/p>\n