En el Juzgado de Primera Instancia #15 de Valladolid, a 27 de mayo del 2016 se ha vuelto a dar la raz\u00f3n a un afectado. El juez estima la nulidad del contrato fechado a 3 de agosto de 2009 de suscripci\u00f3n de bonos subordinados necesariamente canjeables por acciones del Banco Popular y su posterior canje por obligaciones subordinada en fecha 21\/5\/2012. En consecuencia, se condena a la entidad bancaria a abonar al consumidor la cantidad de 22.000 euros, m\u00e1s el inter\u00e9s legal del dinero desde la fecha de suscripci\u00f3n de los referidos contratos.<\/p>\n
Los afectados creyeron que contrataban un producto financiero sin riesgo alguno, sin saber que los 22.000\u0080 invertidos podr\u00edan ser en todo o en parte irrecuperables<\/p><\/blockquote>\n
Dicha creencia aqu\u00ed expuesta queda arraigada en el hecho de que el perfil de los damnificados era conservador y sin conocimientos financieros m\u00ednimos. El banco no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de asesoramiento ni informaci\u00f3n como claramente queda demostrado a lo largo de la sentencia. Banco Popular cuando comercializ\u00f3 con este producto, no facilit\u00f3 la informaci\u00f3n necesaria y real para poder considerar que el consentimiento prestado por los accionistas al suscribir el contrato no esta viciado.<\/p>\n
Tras negar estos hechos, a su vez, la entidad in\u00fatilmente se intentaba resguardar en el hecho de que “no se puede declarar la nulidad de un negocio que ya no tiene efectos jur\u00eddicos”, para evitar la nulidad de contrato y devoluci\u00f3n de dinero. A pesar de lo\u00a0alegado por el banco, el juez entiende que en modo alguno la acci\u00f3n de nulidad (o m\u00e1s propiamente anulabilidad) no est\u00e1 caducada.<\/p>\n
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