<\/p>\n
La S.L. afectada suplicaba en su demanda<\/a><\/strong>\u00a0que se dictase la nulidad del contrato con el Banco Santander y se condenase a la entidad a restituir la cantidad de 260.984,52\u0080. El afectado es una empresa familiar dedicada a la elaboraci\u00f3n de productos del sector de la charcuter\u00eda que suscribi\u00f3 con el Santander un contrato de permuta financiera (Swap) para lograr una financiaci\u00f3n en una operaci\u00f3n de leasing inmobiliario y as\u00ed poder utilizar unas naves industriales.<\/p>\n Unos d\u00edas despu\u00e9s, un empleado del Santander llam\u00f3 al demandante y le insisti\u00f3 en que ten\u00eda que firmar un contrato de seguro sobre el contrato de leasing, convenci\u00e9ndolo de que era sencillo, no requer\u00eda estudio de letrado y resultaba beneficioso para su empresa de charcuter\u00eda. Por este motivo, firmaron las partes el 25\/07\/2007 el contrato de Swap. El contrato se encuentra extinguido desde mayo de 2012. Como efecto del mismo, la parte actora ha pagado un mayor inter\u00e9s de 260.984,52\u0080.<\/p>\n La entidad financiera\u00a0alegaba la caducidad de la acci\u00f3n,<\/a><\/strong>\u00a0asunto sobre el cual se ha sentado jurisprudencia en sentencias como la de la AP de C\u00f3rdoba (7 de julio 2015), as\u00ed como en la sentencia de la AP de Barcelona (10 de diciembre 2015) y donde el Tribunal Supremo (12 de enero de 2015) indica:\u00a0\u0093No puede privarse de la acci\u00f3n a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento\u0094.<\/em><\/p>\n El juez entiende que, al no haber transcurrido el plazo de cuatro a\u00f1os desde la consumaci\u00f3n del contrato de duraci\u00f3n determinada y la interposici\u00f3n de la demanda, no cabe apreciar en este caso la caducidad de la acci\u00f3n alegada por la demandada<\/p><\/blockquote>\n El Banco Santander se opon\u00eda al error en el consentimiento alegado por el afectado y el juez conclu\u00eda que es reiterada la jurisprudencia que permite presumir el error en el consentimiento prestado por el peque\u00f1o inversor en la firma de los contratos por los que se adquieren los productos financieros que son objeto del contrato; y que de la prueba no se ha desprendido que el administrador de la S.L. fuese un inversor profesional.<\/p>\n