La S.A.\u00a0demandante es una peque\u00f1a que en abril de 2007\u00a0suscribi\u00f3 un contrato denominado\u00a0“interes rate swap”<\/a><\/strong>\u00a0<\/em>con vigencia de cuatro a\u00f1os. En 2009, recibi\u00f3 2 liquidaciones negativas de 101.753,89\u0080 y 124,549, 33\u0080 respectivamente. Por esto, pretendi\u00f3 desligarse del contrato, pero pero la cantidad exigida para dicha cancelaci\u00f3n era muy elevada.<\/p>\n Por esta raz\u00f3n, interpone una demanda, pero en primera y en segunda instancia desestiman sus pretensiones, al considerar que la informaci\u00f3n se dio al Director Financiero de la S.A., conden\u00e1ndole al pago de costas en ambos procedimientos.<\/p>\n Contra este recurso, la mercantil afectada present\u00f3 un recurso de casaci\u00f3n, cuyo motivo fue: “Inter\u00e9s casacional por contradicci\u00f3n de la sentencia de 21 de enero de 2012 de la Audiencia Provincial de Valencia con la mayor\u00eda de las audiencias provinciales nacionales\u0094.\u00a0<\/b>\u00a0<\/i>Del mismo modo,\u00a0denuncia la ausencia de informaci\u00f3n<\/a><\/strong>\u00a0sobre los riesgos, el desequilibrio en las prestaciones y el coste de cancelaci\u00f3n. Formula su demanda por vicio del consentimiento<\/p>\n El Tribunal Supremo no aprecia que la entidad financiera haya cumplido los deberes de informaci\u00f3n establecidos por la legislaci\u00f3n vigente. Adem\u00e1s, declara que el hecho de que el cliente sea una sociedad mercantil no supone necesariamente su car\u00e1cter experto. Estima el recurso de casaci\u00f3n, dejando sin valor ni efecto lo dictado en apelaci\u00f3n, sentencia que queda revocada y sin efecto.<\/p>\n