El fallo de primera instancia declaraba la nulidad de la cl\u00e1usula multidivisa<\/a><\/strong>\u00a0suscrito por las partes en abril de 2008. De esta manera, ordenaba recalcular el capital adeudado tras la debida deducci\u00f3n de las amortizaciones e intereses pagados.<\/p>\n Contra esto, interpone recurso de alzada la entidad Targo Bank. En esencia, alega la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A\u00f1ade que dio cumplimiento a las obligaciones de informaci\u00f3n impuestas por la ley. Adem\u00e1s, alega que la sentencia equipara la eventual falta de informaci\u00f3n al error invalidante. Asimismo, que los prestamistas conoc\u00edan los riesgos de la operaci\u00f3n y que no existe error en ellos, sino defraudaci\u00f3n de las expectativas. Por \u00faltimo, que demandantes realizaron actos posteriores a la suscripci\u00f3n del pr\u00e9stamo que descartan el error.<\/p>\n La presente resoluci\u00f3n resuelve la cuesti\u00f3n multidivisa a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2015. La consecuencia de esto es que la entidad financiera est\u00e1 obligada a cumplir los deberes de informaci\u00f3n impuestos por la ley.<\/p>\n La testifical del empleado bancario no es suficiente para probar \u00a0que se proporcion\u00f3 la debida informaci\u00f3n. Por otro lado, la transparencia de la cl\u00e1usula ha de juzgarse seg\u00fan la sentencia del STJUE del 30 de abril de 2014. A tenor de esto, nos hallamos ante una f\u00f3rmula predispuesta donde no se ha aportado la oferta vinculante, ni simulaciones comparativas con otras alternativas de financiaci\u00f3n.<\/p>\n