El demandante, un jubilado que se dedic\u00f3 al comercio de productos textiles, carec\u00eda de formaci\u00f3n en materia financiera. Por ello se ped\u00eda la anulaci\u00f3n del contrato mantenido con Banco Popular; y firmado en base a la confianza que este ten\u00eda con el banco.
\nSe alega infracci\u00f3n por parte de la entidad, en la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n de consumidores y usuarios. Adem\u00e1s, no se realiz\u00f3 el test idoneidad y conveniencia.
\nPor ello se pide considerar este un supuesto de nulidad contractual por vulneraci\u00f3n de normas imperativas; por inexistencia de causa y por vicio del consentimiento.<\/p>\n
En la contestaci\u00f3n a la demanda, se opone alegando que ha transcurrido el plazo de cuatro a\u00f1os. Sostiene la defensa que se inform\u00f3 debidamente al cliente de los productos adquiridos; a trav\u00e9s de los contratos y adem\u00e1s cumpliendo con todas las exigencias de la normativa MiFID.<\/p>\n
El juzgado declara nulo el contrato de suscripci\u00f3n de bonos convertibles del Banco Popular; con la consecuencia de devolver 50.000\u0080 al demandante, m\u00e1s el inter\u00e9s devengado desde la fecha de suscripci\u00f3n.
\nEsto es as\u00ed ya que el juez alega que, en cuanto a la caducidad, no puede iniciarse el c\u00f3mputo hasta que se tiene completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acci\u00f3n.<\/p>\n
Tampoco acepta la teor\u00eda de los actos propios por el canje de 2012. Se hace especial hincapi\u00e9 en el hecho de que en el primer contrato no se realiz\u00f3 ning\u00fan test. Destaca la falta de informaci\u00f3n tanto verbal como escrita, que imposibilit\u00f3 que el cliente obtuviese un conocimiento certero de lo que estaba contratando.
\nTambi\u00e9n condena al banco a abonar las costas causadas en la instancia.<\/p>\n