El afectado suscribi\u00f3 en 2009 una orden de compra de bonos necesariamente convertibles en acciones con el Banco Popular. Posteriormente, en 2013 se produjo la conversi\u00f3n, adquiriendo los demandantes 100 valores convertibles. El demandante accedi\u00f3 a los argumentos de los empleados de la entidad quienes afirmaron que el capital estaba garantizado.\u00a0Se considera que se trata de un cliente minorista, ya que no pose\u00eda conocimientos relacionados con el \u00e1mbito financiero<\/p>\n
No cabe duda de que el contrato es un instrumento financiero que se caracteriza por su complejidad. As\u00ed, qued\u00f3 probado que el Banco Popular no realiz\u00f3 test de conveniencia ni test de idoneidad, a pesar de estar obligado por la Directiva MIFID. Tampoco ofreci\u00f3 informaci\u00f3n precontractual, capaz de demostrar los riesgos que el cliente asum\u00eda con la firma del contrato. Dicha informaci\u00f3n debe ser clara, precisa y entregada a tiempo para evitar una incorrecta interpretaci\u00f3n; haciendo hincapi\u00e9 en los riesgos que cada operaci\u00f3n conlleva; cosa que el banco no cumpli\u00f3 en ning\u00fan momento.<\/p>\n
Por ello, el juzgado estima \u00edntegramente la demanda interpuesta por la parte afectada, declarando nulo el contrato de suscripci\u00f3n de los bonos convertibles por acciones, que se hizo efectivo el 6 de octubre de 2009. Tambi\u00e9n anula su pr\u00f3rroga en 2012 y su posterior conversi\u00f3n en acciones. Esto conlleva la restituci\u00f3n por parte del banco de 100.000\u0080 m\u00e1s los intereses legales que correspondan. Con imposici\u00f3n de costas a la parte demandada.<\/p>\n