La contrataci\u00f3n tuvo lugar el 19 de diciembre de 2009, vinculado a una p\u00f3liza de cr\u00e9dito que ir\u00eda destinado a la construcci\u00f3n de un aparcamiento. La S.A afectada acab\u00f3 anticipadamente, para evitar males mayores; lo que les hizo perder la suma de 736.200 euros.<\/p>\n
No se inform\u00f3 en el momento de la contrataci\u00f3n, sobre la cantidad que deber\u00eda pagar el cliente en concepto de indemnizaci\u00f3n por la cancelaci\u00f3n anticipada si se produjera en el momento de la contrataci\u00f3n. No se ha acreditado la existencia de informaci\u00f3n precontractual, tales como documentos o folletos explicativos; tampoco se le entreg\u00f3 un ejemplar del contrato para examinarlo con calma. Por tanto, se deduce que el cliente no fue consciente plenamente del riesgo que conllevaba la contrataci\u00f3n de dicho producto financiero. Adem\u00e1s, la contrataci\u00f3n fue condicionada a la concesi\u00f3n del cr\u00e9dito; y no se hizo el test de conveniencia al cliente porque la demandada prefiri\u00f3 obviarlo, a pesar de que la normativa MIFID le obliga a hacerlo.<\/p>\n
Por tanto, podemos decir que la entidad demandada no cumpli\u00f3 con sus obligaciones de informaci\u00f3n, lo que ha generado unos da\u00f1os y perjuicios para los clientes, que se cuantifican en el importe abonado, para la cancelaci\u00f3n anticipada de la permuta financiera, 736.200 euros m\u00e1s los intereses legales y procesales pertinentes.<\/p>\n
El juzgado estima la demanda y declara el incumplimiento por parte de la demandada de su deber de informaci\u00f3n precontractual; conden\u00e1ndola a abonar la cantidad de 736.200\u0080 m\u00e1s los intereses legales desde la fecha de la cancelaci\u00f3n anticipada. Con imposici\u00f3n de costas a la entidad demandada.<\/p>\n