ASUFIN se querella contra los anteriores consejeros de Banco Popular y PWC por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administraci\u00f3n desleal y delito contra la Hacienda P\u00fablica, despu\u00e9s de seis semanas de investigaciones. Patricia Su\u00e1rez, presidenta de ASUFIN, justifica este per\u00edodo de tiempo porque \u0093hab\u00eda que presentar una querella consistente, con pruebas contundentes y con largo recorrido. La oferta de compensaci\u00f3n del Santander a los accionistas minoritarios es una prueba m\u00e1s de que ha habido irregularidades que todos los ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a conocer\u0094.<\/p>\n
Para un procedimiento tan relevante, Asufin ha depositado su confianza en expertos con larga trayectoria en la defensa de los consumidores bancarios, tanto en el \u00e1mbito penal como en el civil. Concretamente, Carme Herranz, Oscar Serrano (Col\u00b7lectiu Ronda) y Almudena Vel\u00e1zquez (Red Abafi). Desde que el 7 de junio Banco Santander adquiriera por un euro el 100% del capital social del Banco Popular garantizando los dep\u00f3sitos de las cuentas corrientes pero dejando sin ahorros a m\u00e1s de 300.000 bonistas y accionistas.<\/p>\n
ASUFIN recibi\u00f3 un aluvi\u00f3n de llamadas de afectados y decidi\u00f3 investigar a Banco Popular para determinar si hab\u00eda delito en algunas de sus actuaciones. La muchas veces contradictoria informaci\u00f3n registrada en organismos oficiales y las limitaciones propias de una Asociaci\u00f3n de consumidores han dilatado estas investigaciones de los peritos que finalmente, tras analizar todos los informes, han llegado a la conclusi\u00f3n de que existen indicios de la comisi\u00f3n de los siguientes delitos:<\/p>\n
Se han detectado omisiones muy relevantes en la informaci\u00f3n facilitada a la CNMV en relaci\u00f3n a la verdadera situaci\u00f3n de Banco Popular, al menos desde las cuentas de 2015, raz\u00f3n por la que la Comisi\u00f3n requiri\u00f3 en 2016 a la entidad para que facilitara las valoraciones de los activos inmobiliarios y los GAP. Esta informaci\u00f3n s\u00f3lo se facilita con posterioridad a la emisi\u00f3n y suscripci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de capital evitando a los inversores conocer que Popular ya se encontraba con patrimonio negativo de 464 millones de euros.<\/p>\n
Entre los a\u00f1os 2015 y 2016 las retribuciones de los Consejeros aumentaron en un 326%, justo en el momento en el que la entidad se debat\u00eda entre calificarse de solvente o no, para posteriormente abandonar la gesti\u00f3n. El incremento de este concepto de gasto pas\u00f3 de 5.285.000 millones en 2015 a 22.540.000 en 2016, con una variaci\u00f3n de 17.355.000 millones de euros Adem\u00e1s, se amortizaron las c\u00e9dulas hipotecarias que les permit\u00edan obtener ingresos, qued\u00e1ndose, sin embargo, con el riesgo de las hipotecas que serv\u00edan de subyacente a dichas c\u00e9dulas.<\/p>\n
Se ha detectado la constituci\u00f3n y el mantenimiento de una Sociedad radicada en el para\u00edso fiscal de las islas Caim\u00e1n durante 16 a\u00f1os. Su fin era la emisi\u00f3n de participaciones preferentes y con ella se evitaba declarar en su Impuesto de Sociedades los ingresos de esa suscripci\u00f3n. Llama la atenci\u00f3n que esta sociedad se haya mantenido tanto tiempo cuando hay deuda subordinada emitida por otras sociedades ya radicadas en Espa\u00f1a, por lo que hay sospechas de que tuviera otros fines. Por ello, en la querella se solicita una Comisi\u00f3n Rogatoria a las Islas Caim\u00e1n para que aclare el verdadero papel de BPE INTERNATIONAL LTD, que es como se denomina la filial de Banco Popular en dicho para\u00edso fiscal y su impacto tributario en Espa\u00f1a.<\/p>\n
La querella de ASUFIN se formula contra los anteriores Consejeros de Banco Popular y contra la auditora PWC, que ha tenido una conducta que s\u00f3lo puede calificarse de \u0093consentidora\u0094 o de \u0093benepl\u00e1cito\u0094 frente a la deriva que iba tomando la entidad. Para la Asociaci\u00f3n de Usuarios Financieros, la auditora ha contribuido al perjuicio econ\u00f3mico de los clientes del popular cuyos bonos y acciones no valen nada (salvo la compensaci\u00f3n que les ofrece el Santander) al haber justificado con sus auditor\u00edas las acciones del banco. PWC, pese a tener conocimiento de los ya comentados requerimientos de la CNMV que obligaron a Banco Popular a comunicar como hechos relevantes reajustes que mostraban la situaci\u00f3n de patrimonio neto negativo y el desajuste de las provisiones efectuadas, no lo consider\u00f3 importante para reformular las cuentas.<\/p>\n
Dado que la Sociedad creada por Banco Popular en las Islas Caim\u00e1n es auditada unas veces en la filial de PWC en dicho para\u00edso fiscal, otras en Espa\u00f1a y en algunas ocasiones con una firma ilegible, los peritos de ASUFIN consideran que esta actitud permiti\u00f3 al banco la huida hacia delante y el colapso actual, ya que eran esas auditor\u00edas la que justificaban su solvencia irreal.<\/p>\n
Como este parece ser un caso de los de \u0093entre todos la mataron y ella sola se muri\u00f3\u0094, y como la querella no acota de manera exclusiva los delitos que sean objeto de investigaci\u00f3n, ASUFIN abre la puerta para que los organismos pertinentes se hagan eco de las voces que estiman que el Popular pudo quedar en una posici\u00f3n a\u00fan m\u00e1s d\u00e9bil con los movimientos de varios de sus accionistas m\u00e1s destacados en posiciones cortas.<\/p>\n
Esa investigaci\u00f3n no est\u00e1 al alcance de un perito de una asociaci\u00f3n de consumidores y es por ello que se ha pedido a la Junta \u00danica de Reestructuraci\u00f3n (JUR), como diligencias de investigaci\u00f3n, para que aporte todo el expediente, incluido el famoso informe Deloitte, y que la CNMV informe de las razones por las que en este caso no prohibieron esas posiciones y de si la realizaci\u00f3n de dichas operaciones constan como registradas por parte de miembros del Consejo de la entidad.<\/p>\n
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