El Juzgado de Primera Instancia N\u00ba51 de Madrid a condenado a Banco Popular a devolver a un socio de ASUFIN el total del dinero invertido en bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones. El afectado contrat\u00f3 200.000 euros en acciones que, posteriormente y ante las p\u00e9rdidas, cambi\u00f3 a bonos convertibles sin que se le advirtiera del riesgo.<\/p>\n
Banco Popular argument\u00f3 caducidad en la acci\u00f3n, que fue desestimada por el juez, y transparencia en la informaci\u00f3n. Seg\u00fan ellos, la cotizaci\u00f3n descendi\u00f3 por la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pero ese riesgo lo conoc\u00eda el afectado que contrat\u00f3 de manera consciente. El letrado de ASUFIN<\/strong> ped\u00eda la nulidad por error vicio del consentimiento, ya que el consumidor no pudo decidir libremente al no conocer todos los riesgos.<\/p>\n La juez no encontr\u00f3 pruebas de que el consumidor hubiera tenido oportunidad de conocer el alcance de su contrataci\u00f3n. La entidad falt\u00f3 a su deber de informaci\u00f3n en productos financieros de este tipo. Aunque el banco destac\u00f3 que el usuario era notario, la magistrada entendi\u00f3 que ni eso, ni\u00a0 ser titular de otros productos complejos, le otorgaban la condici\u00f3n de experto.<\/p>\n La entidad tiene que acreditar “que inform\u00f3 adecuadamente al cliente de sus riesgos pues, de otro modo, provoca el error al consentir manifest\u00e1ndose \u00e9ste como excusable”. La clasificaci\u00f3n\u00a0 de los productos financieros realizada por el art 79 bis 8 de la Ley del Mercado de Valores\u00a0 considera los bonos necesariamente convertibles en acciones como productos \u00a0complejos. Y tambi\u00e9n son arriesgados, lo que obliga a especial diligencia de las entidades bancarias con sus clientes.<\/p>\n No consta que hubiera informaci\u00f3n previa ni que se explicase la naturaleza ni los riesgos que asum\u00eda el cliente en funci\u00f3n de la fecha de conversi\u00f3n. El testigo, empleado del banco, calific\u00f3 el perfil del notario “de prudente”, ya que s\u00f3lo una peque\u00f1a parte de su patrimonio estaba en inversiones. El afectado, seg\u00fan el test, era una persona conservadora y partidaria de mantener el capital en lugar de asumir riesgos.<\/p>\n Para la juez, ni que la profesi\u00f3n del afectado fuera la de notario, ni que su hijo le hubiera asesorado, restan responsabilidad a la entidad en su funci\u00f3n informativa: “En sentencias como la de 28 de mayo de 2012, de la Audiencia Provincial de Le\u00f3n o de 8 de marzo de 2017 de esa misma Audiencia se dice que “el demandante es notario pero no es experto financiero”.<\/p>\n El fallo se basa en la doctrina del Tribunal Supremo que en diferentes sentencias (2\/02\/ 2016, 10\/01\/2017), ha determinado que el error vicio del consentimiento dar\u00e1 lugar a la anulabilidad del contrato. Del mismo modo que declara que lo determinante en la valoraci\u00f3n es comprobar que el deber de informaci\u00f3n se ha cumplido correctamente.<\/p>\n La juez declara, pues, nula la orden de valores y condena a Banco Popular a abonar al socio de ASUFIN<\/strong> el total de lo invertido, 200.000 euros. As\u00ed mismo, condena a abonar “los intereses legales desde la suscripci\u00f3n del producto, debiendo a su vez la actora devolver a la demandada los intereses o rendimientos que hubiere percibido”<\/p>\n Felicitamos sinceramente a nuestro abogado colaborador, Rodrigo Royo, por este \u00e9xito que es un poco de todos. En ASUFIN<\/strong> seguimos luchando para que ning\u00fan consumidor, se dedique a lo que se dedique, tenga el dinero que tenga, sea objeto de abusos bancarios. Nuestro objetivo sigue siendo la transparencia y la igualdad.<\/p>\n
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