Siguiendo la estela de otros juzgados de instancia que se han negado a dictar sentencia sobre la abusividad del IRPH, paralizando el procedimiento hasta conocer la decisi\u00f3n de Europa; el Juzgado Mercantil N\u00ba7 de Madrid decidi\u00f3 emitir un auto favorable para ASUFIN, que hab\u00eda previamente interpuesto demanda contra la Uni\u00f3n de Cr\u00e9ditos Inmobiliarios, con la pretensi\u00f3n de que se declarase la nulidad de determinadas cl\u00e1usulas financieras que engloban IRPH como referencia para el c\u00e1lculo del tipo de inter\u00e9s en operaciones de cr\u00e9dito y de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n
Los\u00a0 jueces han considerado que el objeto principal de debate para esta segunda instancia era determinar si el juez de primera instancia ten\u00eda facultades para decretar, como as\u00ed lo hizo en su momento, la suspensi\u00f3n del
\nprocedimiento judicial como consecuencia de la tramitaci\u00f3n ante el TJUE de una cuesti\u00f3n prejudicial, referida al \u00edndice IRPH, que hab\u00eda sido planteada por otros \u00f3rganos jurisdiccionales civiles espa\u00f1oles (asunto C\/125-18).<\/p>\n
En el recurso planteado por UCI, que discrepa de la decisi\u00f3n suspensiva adoptada en la primera instancia, se alega, que resultaba inaplicable al caso el art\u00edculo 43 de la LEC al que se refer\u00eda el magistrado en su resoluci\u00f3n. Tambi\u00e9n se denuncia la improcedencia, al amparo de la normativa espa\u00f1ola y europea, de decretar ese efecto fuera del procedimiento en el que se hubiese planteado la cuesti\u00f3n prejudicial ante el TJUE.<\/p>\n
En el auto, el juzgador ha mostrado su conformidad con la parte recurrente en que cuando est\u00e1 pendiente una cuesti\u00f3n prejudicial que haya sido planteada en un pleito diferente por otro \u00f3rgano judicial, no resulta preceptivo que los dem\u00e1s \u00f3rganos judiciales tengan necesariamente que decretar la suspensi\u00f3n del curso de los litigios que estuvieran tramitando que pudieran tener relaci\u00f3n con el problema suscitado. Ning\u00fan tribunal est\u00e1 sometido a decisiones discrecionales de cualquier otro tribunal de Espa\u00f1a o de los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
Ahora bien, que no sea obligatoria la suspensi\u00f3n no significa que \u00e9sta no pueda presentarse como una medida procesal razonable para el tribunal que no ha planteado la cuesti\u00f3n prejudicial en, al menos, dos clases de casos: En primer lugar, cuando se tenga noticia de que el Tribunal Supremo ha utilizado ese cauce para exponer sus dudas sobre la interpretaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n, pues resultaba preceptivo en esas situaciones para el alto tribunal el tener que dirigirse al TJUE y el resultado de la consulta podr\u00eda afectar a criterios jurisprudenciales; y en segundo lugar, cuando la cuesti\u00f3n prejudicial hubiese sido planteada por cualquier otro \u00f3rgano judicial, pero el que estuviese conociendo del litigio, una vez tuviese noticia de ella, se sumase a reconocer la existencia de la duda sobre la interpretaci\u00f3n del Derecho comunitario que hab\u00eda sido sometida al TJUE y que ello afectar\u00eda al caso cuya resoluci\u00f3n tiene entre manos.<\/p>\n
En estos dos casos que mencionamos, aunque reconocemos que no media
\nuna expl\u00edcita previsi\u00f3n procesal al respecto, lo m\u00e1s prudente es decretar la
\nsuspensi\u00f3n del procedimiento hasta que se pronuncie el TJUE, pues ese es el
\nefecto que necesariamente se producir\u00eda si ese \u00f3rgano judicial hubiera dado el paso de plantear la cuesti\u00f3n.<\/p>\n
Desde ASUFIN animamos a todos aquellos que se encuentren a punto de celebrar su vista a que soliciten la suspensi\u00f3n y esperen a que Europa, una vez m\u00e1s, se ponga de parte de los consumidores. Nunca se puede perder la esperanza de que se haga justicia<\/span><\/p>\n