[column size=one_half position=first ]»Independientemente del varapalo acometido el 13 de julio frente a la retroactividad de las clausulas suelo, Luxemburgo ha sido un gran aliado para los consumidores bancarios.[/column]
[column size=one_half position=last ]»El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva años dando toques de atención a los políticos nacionales así como a la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias[/column]
Hace poco más de un mes ASUFIN, como la mayoría de los medios españoles, dedicaba una serie de artículos a la decisión sobre la retroactividad en la cláusulas suelo tomadas por el Abogado General de la Unión Europea. La presidenta se planteaba que fallar a favor de los bancos había sido una decisión meramente política en vez de un intento de hacer justicia. Un auténtico torpedo en la línea de flotación en la credibilidad del derecho comunitario.
Suárez mostró su absoluto descontento, afirmando que «Si el Tribunal de Justicia Europeo permite que los tribunales nacionales apliquen sus propias reglas, su utilidad queda muy cuestionada». Luxemburgo había fallado a los damnificados por la banca, así como todos los consumidores en general. Los 7.600 millones de euros debían ser devueltos a las familias españolas y en cambio siguen en manos de nuestros bancos nacionales que los han logrado por colocar productos altamente tóxicos.
Suárez entiende que a pesar de los fallos y que haya prevalecido en ocasiones la política a la justicia, Luxemburgo es un aliado imprescindible en la defensa de los consumidores bancarios
Pero porque el contexto no sea justo, no significa que desde ASUFIN no intentemos encontrar un punto de mira justo y equilibrado. Luxemburgo ha sido la vía por la que los consumidores bancarios han podido defender sus derechos. Parece ser que la capital belga ha estado muchas veces más interesado en proteger a los ciudadanos españoles que los propios bancos de este país. Independientemente del varapalo acometido el 13 de julio frente a las clausulas suelo, Bruselas ha sido un gran aliado para los consumidores bancarios.
Fue Luxemburgo quien se manifestó claramente en contra del IRPH y quien, en un principio, se mostró en descontento con las cláusulas suelo y la decisión del Supremo del 2013 frente a la retroactividad. También fue quien otorgó poder a los jueces para frenar ciertos desahucios en España
Este abril, nuestro país recibió un ultimátum mientras que la Comisión Europea abría un procedimiento de infracción para obligar al Gobierno a modificar la legislación sobre ejecuciones hipotecarias y cláusulas abusivas. Es la justicia europea que sigue llamando la atención sobre la abusividad de las cláusulas que aplica la banca española. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva varias años dando escarmientos y toques de atención a los políticos nacionales así como a la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias, el procedimiento que usan los bancos para apropiarse de una vivienda en caso de impago del préstamo. La justicia europea ya dictaminó que la norma española no respetaba los derechos de los consumidores, y sigue recordándoselo.
Luxemburgo da un ultimátum a España por la normativa de desahucios
La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción para que el Gobierno modifique la legislación sobre ejecuciones hipotecarias y cláusulas abusivas
Durante los meses posteriores al rescate de España, la Comisión Europea publicó varios informes en los que criticaba la normativa de desahucios, pero en los que a la vez apuntaba que un cambio en las leyes podía provocar un enorme quebranto en las cuentas de resultados de las entidades financieras. Pese a las continuas presiones del lobby bancario, Luxemburgo había amagado en varias ocasiones con abrir ese expediente, que finalmente llega muy tarde: cuando los desahucios empiezan a descender y cuando ya los tribunales han dictado decenas de sentencias al respecto.
La Comisión aplaude las modificaciones introducidas tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de marzo de 2013. Pero sigue preocupada por varias cuestiones, en particular por las reglas de las cláusulas abusivas. Sin una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno en el plazo de dos meses, Luxemburgo podría enviar un dictamen a las autoridades españolas, el paso previo antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, e incluso imponer sanciones financieras una vez haya sentencias sobre el asunto.
El brazo ejecutivo de la UE ha abierto hoy varios procedimientos de infracción adicionales: insta a España a intensificar la protección de Doñana debido a la sobreexplotación de los acuíferos y el turismo; llevará a España al Tribunal de Justicia por el incumplimiento de una sentencia sobre la contratación de trabajadores portuarios, y pide que ratifique la adhesión al convenio de Eurocontrol, el organismo europeo de seguridad aérea.
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