A cuatro meses de rubricarse el protocolo de la banca, los usuarios vulnerables encuentran aún dificultades en la operativa diaria y relación con su entidad
La digitalización de las finanzas tendrá que ser inclusiva o no servirá a sus propósitos. Así se ha referido Patricia Suárez, en su intervención hoy, en el XXXIX Seminario de la APIE, que cada año tiene lugar en los cursos de verano de la UIMP, en Santander, y que en esta ocasión aborda la temática de la digitalización y la sostenibilidad de las finanzas.
Suárez ha avanzado parte de los resultados preliminares de un estudio que mide el grado de mejoras al que se comprometió el sector financiero el pasado mes de febrero, en presencia de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En la actualización del protocolo estratégico que firmaron todas las patronales de banca (AEB, CECA y UNACC), figuraban medidas como la ampliación de la atención a mayores, en horarios, y puesta a disposición de gestores y la mayor adaptación a las necesidades de este colectivo, como la accesibilidad y sencillez de los cajeros, aplicaciones móviles y webs con versiones simplificadas, entre otras cosas.
Pasados cuatro meses de los seis a los que se comprometió el sector para tener implementadas estas mejoras, el sondeo preliminar de ASUFIN detecta que se ha avanzado muy poco en hacer más accesible la digitalización bancaria. Apenas el 5% de los encuestados detecta mejoras, en cuanto a la simplificación, de apps o entornos digitales. Y a sólo un 11% se le ha ofrecido algún tipo de formación para mejorar su capacidad en este tipo de herramientas.
Algo más de la mitad, el 56%, considera el fácil el manejo de un cajero como fácil, siendo como es la principal vía de realizar operaciones para los mayores, una vez constatado el hecho de que la libreta de ahorros se está desincentivando: el 57% ya no puede usarla porque ha sido retirada por su entidad o bien han empezado a cobrarla.
Suárez también se refirió a la importancia de promover de forma más activa la inversión sostenible entre el inversor medio. La conocida como inversión ASG (sostenible desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza) ya representó en 2020 el 54% del total, frente a la convencional, según el estudio de 2021 de Inversión Sostenible y Responsable de Spainsif, asociación representativa del sector, a la que también pertenece ASUFIN, con activos ASG, gestionados por entidades nacionales e internacionales en España, que alcanzaron los 345.314 millones de euros ese año.
La inversión institucional en activos ASG sigue siendo mayoritaria, del 79% pero, año tras año, crece la proporción correspondiente al segmento retail, del 3% en 2015; del 7%, en 2017; del 15%, en 2018; del 19%, en 2019, y ya del 21%, el último año considerado, 2020.
Para que esta inversión siga teniendo protagonismo en las decisiones del inversor minorista es imprescindible dotarle de la información más precisa y de mayor calidad. Cabe recordar que a partir de agosto de este año, el banco está obligado a preguntar al cliente sobre sus preferencias en inversión sostenible, además de los tradicionales criterios sobre rentabilidad y nivel de riesgo.
De cara a esta nueva obligación, la organización WWF demanda a las entidades una serie de buenas prácticas, que ASUFIN comparte en su totalidad:
- Deben capacitar a su red comercial y de marketing, sobre aspectos ASG, en particular sobre los riesgos y oportunidades del cambio climático para los inversores minoristas.
- Comunicar de forma clara a los clientes sobre la importancia de los riesgos del cambio climático en el ahorro y la inversión.
- Proporcionar la información necesaria sobre los criterios para calificar el producto financiero como sostenible, así como su desempeño, más allá del riesgo y la rentabilidad.
