Patricia Suárez: «Los tribunales españoles deben ser ahora cautos y esperar, de lo contrario, los afectados podrían ser objeto de una nueva e injusta sentencia en su contra»
Miércoles, 11 de diciembre. El TJUE retrasó ayer la lectura de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea respecto de la novación de las cláusulas suelo que, pese a estar previsto su pronunciamiento el día 12 de diciembre, tendrá lugar a finales de enero de 2020.
Debemos recordar que este problema tiene su origen a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 en la que reconoció la abusividad de las cláusulas suelo pero sin devolución de las cantidades pagadas anteriormente, es decir, sin retroactividad.
Esto provocó que multitud de consumidores firmasen acuerdos con sus entidades bancarias pactando cláusulas suelo con límites inferiores, pero límites al fin y al cabo, obligándoseles también a redactar de su puño y letra su conformidad, comprensión y el compromiso de no acudir a tribunales en un futuro.
Los miles de afectados por cláusulas suelo que aceptaron un acuerdo con su banco, renunciando a las cantidades abonadas de más antes de mayo de 2013, son víctimas de una incorrecta jurisprudencia del Supremo que Europa corrigió.
Patricia Suárez. Presidenta de ASUFIN
En octubre de 2018 un Juzgado de Teruel planteó al TJUE una cuestión prejudicial preguntando precisamente al mismo sobre la validez o no de estos acuerdos. Recordemos que en septiembre de 2019 el Abogado General se pronunció a favor de los consumidores en sus conclusiones generales, las cuales pese a no ser vinculantes, 2 de cada 3 veces coinciden con el criterio del TJUE.
Así pues, según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, «los miles afectados por cláusulas suelo que aceptaron un acuerdo con su banco renunciando a las cantidades abonadas de más antes de mayo de 2013, son víctimas de una incorrecta jurisprudencia del Tribunal Supremo que Europa corrigió. Han sufrido un doble engaño y deben tener derecho a recuperar su dinero».
«Mientras el TJUE dicta sentencia, los tribunales españoles deben ser cautos y esperar, de lo contrario, estos afectados podrían verse afectados por una nueva e injusta sentencia en su contra», sentencia Suárez.
