Reproducimos por su interés el artículo escrito por Fernando Zunzunegui, experto en Derecho Bancario, en la Revista de Derecho del Mercado Financiero y en El Economista.
El drama de los desahucios
Fernando Zunzunegui, publicado en El Economista
Los desahucios son la imagen más dramática de la crisis. Se están convirtiendo en un drama humano. En la Gran Depresión de 1929 tuvieron que quitarse la vida 23.000 personas para obtener una respuesta del Gobierno. Primaba entonces el individualismo de Herbert Hoover, según el cual: No es función del gobierno aliviar a los individuos de las responsabilidades asumidas con sus vecinos, o aliviar a las empresas de las responsabilidades para con el público. Parece que este pensamiento ha sido superado, aunque sólo para las empresas, pues se salva a los bancos y no a las familias.
Pero no podemos dar la espalda a la realidad y dejar a su suerte a las familias que como consecuencia de la crisis y ante la imposibilidad de pagar sus hipotecas se ven abocadas a la exclusión social o a la desesperación. Las mismas razones que justifican los privilegios bancarios sirven para justificar la ayuda al hipotecado. La quiebra familiar tiene un impacto sistémico que pone en peligro la estabilidad financiera y debe ser abordada con medidas similares a las que recibe la banca. Hay que superar la visión unilateral de la regulación hipotecaria desde la perspectiva de la industria compartida por el Banco de España, quién se ha comportado más como un organismo de tutela de la banca que como una autoridad protectora del cliente.
Con el desahucio se produce el lanzamiento de quien ha dejado de ser propietario. Pero desahuciar significa también quitar toda esperanza, admitir que no hay posibilidad de curación. Debemos descartar esta última acepción. Los desahuciados quieren tener una segunda oportunidad. Quieren tener voz para defenderse del abuso y poder pactar un plan de pagos con el banco. Necesitan apoyo social, una vivienda donde vivir y quedar liberados de la deuda una vez entregado el inmueble.
Al igual que sucede con las empresas que suspenden pagos, también se debe permitir a las familias rehacer su vida. El problema es cómo hacerlo. Debería ser obligatorio agotar la vía de la mediación antes de proceder a la ejecución hipotecaria, dando prioridad a la posibilidad de mantener el uso de la vivienda en alquiler. Además, debe desarrollarse el procedimiento aplicable a la quiebra de la economía familiar. En este sentido, resulta necesario reformar la Ley Concursal que discrimina a los deudores consumidores, quienes no pueden paralizar la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda habitual ni quedan liberados de las deudas no satisfechas una vez concluido el concurso.
Por otro lado, hay que promover la concesión responsable de crédito y la independencia de las entidades de tasación. El Banco de España debe abordar sin demora actuaciones específicas destinadas a evitar la exclusión financiera de aquellas personas que hayan perdido su vivienda y mantengan una deuda con los bancos, dando soporte técnico a las autoridades de consumo para una mejor protección del hipotecado.
Pero en este momento se requieren además de medidas preventivas actuaciones paliativas frente a la exclusión social y financiera. La mejor solución pasaría por un acuerdo político asumido por la industria bancaria, incluyendo una moratoria en el pago de las hipotecas. A su vez, se debería promover la dación en pago como consecuencia natural a la concesión irresponsable de crédito. De tal modo que la entidad concedente de un crédito irresponsable debería verse obligada a pactar con el cliente un plan de pagos y en su defecto aceptar la dación en pago. Y con el fin de evitar la usura, los intereses de demora deben quedar limitados a dos veces el interés legal del dinero.
Todas estas medidas están contenidas en el informe sobre Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo, en el que tuve el honor de colaborar. Estamos ante un verdadero Plan de acción contra los desahucios, cuyas conclusiones han sido asumidas por la comisión de jueces nombrada por el Consejo General del Poder Judicial y por los jueces decanos de España. Los dos grandes partidos tiran por la calle de enmedio. Nombran una comisión de expertos paritaria seleccionada entre sus altos cargos, con notario incluido, y pretenden encerrarse en una habitación y no salir hasta que no encuentren la solución. No está mal, pero por favor llévense como lectura el Informe del Defensor del Pueblo donde se encuentran las claves para dar una salida razonable y equitativa al problema de los desahucios.
Otras referencias
José Carlos Díez: Desahucios: la punta del iceberg
José M. Fernández Seijo: La ley española no sirve ante los desahucios
Luis Alberto Barriga Martín, Protección de las personas físicas en situación de quiebra económica
